NOTI CIUDAD

“La problemática habitacional no es una prioridad política”
Horacio Corti afirmó que la problemática habitacional no es una prioridad en la Ciudad

El titular de la Defensoría General de la Ciudad dice que algunas familias mudadas de la margen del Riachuelo viven peor que antes y que las demoliciones afectaron a los que se quedaron.
Hace seis años, la Corte Suprema de Justicia ordenó sanear el Riachuelo. El primer paso era reubicar a las 2500 familias que viven en villas y asentamientos muy contaminados. El Riachuelo es el octavo curso de agua más contaminado del planeta). Hasta ahora sólo 400 fueron reubicadas y “algunas viven peor que antes”, señaló  el defensor general de la Ciudad.
Aunque la Defensoría participa de las asambleas barriales con los vecinos afectados, no forma parte de la causa. Para resolver esta anomalía, firmará un convenio con la Defensoría General de la Nación, que tiene representación ante los jueces federales.

¿Por qué la Defensoría General no forma parte de la defensa en la causa Riachuelo?
La Corte dijo que los vecinos tienen que ser escuchados, pero los jueces federales no aceptaron hasta ahora que esta defensoría, que representa a los porteños, participe. Entonces en audiencias donde participan organismos como el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y la Acumar –el organismo encargado de tutelas las obras de limpieza del Riachuelo- , se resuelve, sin que estén presentes, sobre la vida de los vecinos. El vecino tiene derecho a expresarse y a saber dónde lo van a ubicar, cuándo y en qué condiciones. Es cierto que no pueden vivir ahí, pero ellos no participaron de esa decisión. La obligación del gobierno porteño es garantizarles una vivienda digna.
¿En qué consiste el convenio que firmarán con el Ministerio Público nacional?
Es una alianza estratégica. El Ministerio Público Nacional es quien actúa ante los jueces federales. El convenio facilita algo que ya venimos haciendo, pero que ahora se formaliza para tener otro peso ante los jueces. La Defensoría General de la Ciudad tiene un trabajo muy profundo con los vecinos afectados. Participamos en la asamblea semanal de la Villa 21-24 junto con la Defensoría General de la Nación.
Los plazos para reubicar las familias están vencidos.
La Ciudad es muy morosa. La sentencia es de 2008 y decía que había que relocalizar por lo menos 2.500 familias. Hasta ahora solo lo hicieron con 400.
¿Por qué se retrasó?
La problemática habitacional en general no es una prioridad política. En particular, tampoco es prioridad cumplir este fallo. Hay varios problemas. El primero son las personas que deben ser relocalizadas y no saben cuándo, cómo ni dónde irán. Eso genera mucha angustia. Luego están los vecinos de las familias relocalizadas, que en algunos casos viven peor que antes. Demolieron las casas vecinas y destruyeron las cloacas, se inundan las casas, los cimientos se comprometen. Se solucionó un problema, pero se generó otro.
¿Y el tercero?
Las familias fueron trasladadas a viviendas que no son dignas. Por ejemplo, en el complejo Padre Mugica, de Villa Lugano, están mal terminadas, no tienen los servicios. Pasa en el complejo Padre Mugica. Parecen considerar a las personas como objetos. Pongamos un ejemplo: una familia en la villa 21-24 manda a sus hijos a determinada escuela, utilizan los comedores, clubes. Hay la contención social de un barrio con un entramado social y político, redes que compensan lo que el Estado no hace. Esas personas son relocalizadas en monobloks que tienen problemas graves de construcción y carecen de esta infraestructura social. Parece que se mejoraron las condiciones de vida, pero no es así. Esta es la experiencia que queremos transmitirle a los jueces para que la Justicia no sea una cosa superestructural a la que le falta el componente humano.
FUENTE: REDACCIÓN Z

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