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PARAGUAY Y LA DISPUTA TERRITORIAL

EN DEFENSA DEL CAPITAL
Control militar y afianzamiento internacional contra el campesinado paraguayo

[Por Sebastián Polischuk/Resumen Latinoamericano, 23 de abril de 2015] – Los campesinos del norte de Paraguay se ven cada vez más afectados por la extensión y usurpación de la frontera productiva por parte de grandes empresarios agrícolas y ganaderos, situación que los sumerge en la pobreza, les quita las tierras, contaminan sus cultivos y dañan su salud con gilfosato. Mientras tanto, el gobierno nacional de Horacio Cartes sigue militarizando está región en pos de cumplir con las demandas de las compañías y seguir al pie de la letra con las exigencias del imperialismo.
Meses atrás, el gobierno paraguayo había declarado en estado de “emergencia” a los departamentos de Concepción, San Pedro y Canindeyú, informando que el Estado tendría una mayor presencia. No solo militarizaría más la zona con la policía, el ejército y las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), sino que también desarrollaría políticas sociales y de capacitación económica para las poblaciones de bajos recursos.

A comienzos de abril se volvieron todavía más recurrentes las quejas hacia el gobierno de Cartes por parte de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), que nuclea a poderosos empresarios agrícolas y ganaderos. La entidad solicitó una mayor presencia militar en la zona por algunos conflictos con el Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP) y otros, al parecer, “nuevos” grupos armados, como los abigeos. Esto derivó en que Cartes tome la decisión de cambiar al jefe de las FTC, Ramón Benítez, por el de Raúl Erit Salinas Alonso, y a su vez redoble la comunicación con países como Colombia, Israel, Estados Unidos e Inglaterra para “fortalecer” la labor de las fuerzas de seguridad en la zona.

“Seguridad” y “Defensa”: aumentos e irregularidades

A principios de abril, el General del Ejército Bernardino Soto Estigarribia decía: “Estamos limitados en materia de presupuesto para la adquisición de materiales de defensa que nos sirva apenas para renovar el stock que tenemos en cuanto a armamento y otras tecnologías que pueda aplicarse en esta lucha contra el Ejército del Pueblo Paraguayo”(1).

Lo cierto es que el presupuesto del Ministerio de Defensa aumentó un 28% respecto al año anterior, alcanzando los 44,4 millones de dólares, según cifras de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (2). Actualmente, el presupuesto del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) – unos 9.000 millones de guaraníes-, que debería estar destinado para la educación pública, se utiliza para la “adquisición de equipos militares y de seguridad” comprados a países como Israel. Esto consta en el informe de la Contraloría General de la República (CGR) y la Ley 4758/12. Los primeros artículos de la norma indican que la prioridad de dicho presupuesto es para el uso para la educación, sin hacer mención directa de su uso para la compra de armas y equipamiento para las fuerzas de seguridad (3).

Con respecto al apoyo de Estados Unidos al Estado paraguayo, Washington cuenta con dos bases militares en Paraguay, una instalada el año pasado en el departamento de San Pedro, bajo el nombre de “Centro de Operaciones de Emergencia”, y la otra, no del todo reconocida, pero que cuenta con amplias pistas de aterrizajes y fue construida en 1980, y denominada Mariscal Estigarribia (ubicada en Chaco). La casa Blanca viene apoyando militar y económicamente al país hace varios años, inclusive los últimos meses en materia de tecnología militar o capacitación productiva a través de programas como los de la USAID (Agencia Internacional para el Desarrollo) con el objetivo de ejercer su dominio en el territorio. Pero en estos meses, el gobierno de Cartes también fue fortaleciendo los lazos con países como Israel y Colombia, e inclusive Inglaterra, quien se comprometió a capacitar a militares en tareas de inteligencia (4).

La viceministra paraguaya de Política Criminal, Carla Bacigalupo, el 20 de abril participó en un seminario organizado por la Conferencia de Ministros de Justicia de Países Iberoamericanos (COMJIB), encuadrado dentro de un Congreso de Naciones Unidas (ONU) en Qatar, en donde resaltaba la importancia de reforzar los lazos de cooperación internacional a fin de hacerle frente a la delincuencia que no conoce fronteras, utilizando los últimos avances informativos y redes de información (5). Por eso no parece casual que la administración de Cartes intente reforzar relaciones con Colombia, Israel e Inglaterra, además de con los servicios de inteligencia militar y cooperación internacional.

La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, el 25 de marzo pasado anunció la capacitación de 80 efectivos paraguayos para combatir a las guerrillas, a los que en mayo se sumarán otros 80 efectivos más. Pos si fuera poco, a mediados de abril el comisario general Jorge Luis Vargas, director de Inteligencia Policial de Colombia, reveló su disposición para brindarle a Paraguay su sistema de inteligencia integrado para luchar contra el “crimen organizado” (6).

Algo similar pasó con Israel. A finales del mes pasado, ambos países acordaron un Memorándum de Entendimiento para la cooperación en defensa, más allá de la compra de armamento (7).

Pero si fuera poco, el gobierno de Cartes envió más tropas al norte paraguayo en su intento de “asistir socialmente” a la población más humilde. A fines de marzo, el Ejecutivo reforzó con 300 efectivos militares el departamento de Concepción (donde está la localidad de Arroyito), en el operativo “Ñepohano Arroyito 2015”, comandado por el Comando de las Fuerzas Militares, Yacyretá, Salud, Ministerio de Justicia, Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Dimabel y la ARP.

Reforzar el Estado pero sin atender los reclamos del campesinado paraguayo

Analizar la información citada permite extraer la conclusión de que se pretende seguir controlando a la población con bajos recursos económicos, con más fuerzas de seguridad, falsamente “capacitándola” por los propios capitalistas/empresarios que buscan satisfacer sus propios intereses, incorporando en forma desigual al campesinado en el mercado internacional sin respetar su propia forma de producción, y bajo la constante quita y contaminación de tierras que afecta los cultivos como sucedió con el cedrón, que afectó recientemente los ingresos de 500 familias(8).

Ni los medios masivos de comunicación paraguayos, y mucho menos el gobierno de Cartes prestan atención a las históricas demandas de los sectores más humildes, entre las que se encuentran la aplicación de una verdadera reforma agraria, que permita, simplemente, poseer un pedazo de tierra y sobrevivir.

Paraguay cuenta con solo 8% de tierra destinada a la producción de alimentos para el consumo local, y el resto (el 92%) a cultivos exportables como la soja y el maíz transgénico, según Inés Franceschelli, de Base Investigaciones Sociales. Buena parte de la población sufre la contaminación de recursos básicos como el agua, hay un aumento de la pobreza extrema que afecta en mayor medida a los pobladores rurales y que es admitida por el propio gobierno, mientras estos mismos sectore
s se ven afectados por el cobro de impuestos que lleva a un 57% del IVA, a la par de que a los exportadores de soja y carne se les cobra en impuestos tan solo un 2,6% y sus ganancias van en aumento tal como lo vienen afirmando los propios empresarios de la ARP (9).

Tampoco se habla de las torturas arbitrarias, asesinatos a campesinos por parte de sicarios de los propios empresarios, gobernantes o del FTC que acusan falsamente a los pobladores de pertenecer a grupos guerrilleros. A esto se suma que por el simple hecho de manifestarse son acusados de “terroristas”, como han demostrados tantos informes de derechos humanos, incluido el reporte del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en Paraguay.

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