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ECONOMÍA POPULAR: VENDEDORES DE LA VÍA PÚBLICA

LOS PERSEGUIDOS

[JUAN GRABOIS*, 30/8/15] Yo vi en su rostro la marca de los golpes. Agotada, secándose las lágrimas frente a la comisaría de Saavedra; Ada con sus chiquitos, Julio y un puñado de compañeros pasamos una vigilia larga y fría hasta que liberaron a los últimos dos. Los habían levantado durante la mañana. Al mando del inspector Sergio Herrera, que estrenaba uniforme metropolitano, una patota los emboscó en Cerrito y Diagonal para darles una paliza pública y llevárselos de los pelos. Me acuerdo que pasé esa noche junto a ellos, acompañándolos y admirándolos. Cuanta dignidad había en ese grupo de “vendedores libres” despreciado, vapuleado, humillado por haberse atrevido a plantarse en la coqueta Florida, esa misma donde antes de Perón no podían caminar los descamisados y hoy no pueden trabajar los desposeídos.
Corría 2013 y ya por entonces Ada y Julio tuvieron que dejar el departamentito que alquilaban en Constitución para exiliarse a la casa de la madre de ella, en el Doke. Llevaban ya dos años construyendo una organización gremial de vendedores callejeros para romper con la lógica xenófoba, excluyente y coimera que mantiene la actividad en la informalidad y a sus trabajadores en la miseria. No era la primera vez que sufrían la represión en carne propia pero ahora el hostigamiento tenía nombre y apellido: Ada y Julio. Su crimen fue decirle “no” a la brigada y soñar con formalizar el oficio de mantero, tan digno como la dignidad misma, esa que da el trabajo.


A partir de entonces, cada minuto en la calle fue una guerra y nunca más pudieron juntar lo suficiente para pagar el alquiler. Así fue que cruzaron la General Paz con su máquina de hacer almohadas y sus cuatro hijos a cuestas. El mayor tiene 18 años, se llama Piti y espera su primer hijita. La beba tiene labio leporino y la familia se está preparando para recibirla con el amor que merece. Ellos no descartan.

Sabiéndose futuro padre, el 11 de diciembre Piti salió temprano a ganarse el mango para pasar las fiestas. Volvió con una cicatriz en el alma. Cientos de efectivos rodeando un puesto de Parque Rivadavia para secuestrar… 60 almohadones menos del arsenal de esta terrible y portentosa “guerrilla comercial”. Con ellos se fue la comida de la semana, la cena de Nochebuena, los regalos de Navidad de Naila, Nazarena y Juli, sus hermanas. Ese mismo día allanaron violentamente el local del Movimiento “La Dignidad”, desde donde su padre, Julio, hace política para transformar la realidad. En la lucha contra los terroristas de la manta no se puede reparar en formalismos tales como las garantías constitucionales.

El expediente que derivó en este primer operativo lo tramita la fiscal Celsa Ramírez pero se dice que el cerebro antimantero, el verdadero cow-boy urbano, es el regordete Walter López, fiscal de “delitos complejos” que, como el lector imaginará, no atrapó nunca a un narco, tratante o policía corrupto. Conocido en tribunales por su desprecio supino al derecho, cruel con el de abajo, servil con el de arriba y adicto al dinero, Walter funciona en tándem con el mencionado Herrera y cultiva deliberadamente un perfil de “mano dura” que le sirve como cortina de humo para encubrir sus chanchuyos. El experimentado fiscal le armó a la joven y ambiciosa Celsa un expediente de ocho cuerpos, 2000 fojas, parte de un dispositivo represivo que incluye drones, técnicas biométricas, escuchas, delatores rentados e infiltración en asambleas para fundar jurídicamente un plan sistemático de persecución contra un grupo social específico.

La situación se fue agravando mes a mes, hasta llegar a niveles intolerables. Tal vez, como diría Brecht, somos responsables por no haber reaccionado con fuerza suficiente cuando vinieron a buscar al primero. Lo que sucedió en los últimos meses y hoy leo con estupor en los distintos informes, es grave, muy grave. Golpizas, tormentos, humillaciones, abusos sexuales. No podemos dejarlo pasar.

Usando causas truchas como la de Ada y Julio para estirar su jurisdicción y violentar el Código Procesal, un conjunto de funcionarios políticos, policiales y judiciales ilícitamente asociados utilizan los expedientes contravencionales para disponer allanamientos que no tienen ninguna finalidad jurídica o investigativa, no buscan esclarecer hechos ni terminar con delitos, sino amedrentar, intimidar, infundir miedo, en forma sistemática y selectiva. Se enfocan en activistas sindicales y en determinados grupos étnicos. Los someten a todo tipo de humillaciones y a un estado permanente de temor. Es un caso de terrorismo de Estado, como se dice ahora, blando, pero terrorismo al fin.

Autos acelerados, frenos, gritos, ecos de botas en la calle, toques de puerta, quejas por dioses, platos rotos… cientos de veces irrumpieron en el domicilio particular de los trabajadores a punta de pistola. Sufrieron, doblemente, los trabajadores migrantes que viven en hoteles y pensiones. En al menos dos ocasiones, los compañeros denuncian haber sido obligados a desnudarse ante los efectivos. Los vendedores de origen africano sufren particular ensañamiento. Tal como señala el P. Juan Cervantes, director de Migraciones del Arzobispado porteño, en una denuncia por vejaciones contra trabajadores senegaleses “el accionar de la Policía Metropolitana hostigando vendedores ambulantes excluye, estigmatiza y criminaliza”. Agrego: los aterroriza.

No sería difícil registrar en un estudio adecuadamente realizado las terribles secuelas psicológicas del constante, sistemático y focalizado hostigamiento que sufrieron y sufren estos trabajadores por parte de agentes estatales porteños y federales. Conozco algunos casos. Personas que cayeron en la depresión y el alcoholismo. Personas que perdieron su vivienda. Personas que se quitaron la vida. Ada y Julio resisten y junto a trabajadores ambulantes de distintos puntos del país se organizan en la CTEP. Él está algo enfermo, tanto sogazo hace mella, tanto que no pudo viajar al Encuentro Mundial de Movimientos Populares por un problema gástrico derivado del estrés que sufre a diario.

En los próximos días ambos deberán prestar declaración indagatoria por el crimen de ganarse el pan trabajando. Sus fiscales no han imputado a un solo policía, inspector o puntero cuyo patrimonio supere las 60 almohadas. Cuando la investigación iba para ese lado, rápidamente la desviaban hacia trabajadores migrantes o militantes gremiales. Hasta se perdió una foto que aportaron los trabajadores del inspector Herrera tomando mate en una florería desde la que se regentean los espacios que se ocupan cada vez que desalojan a un vendedor libre y donde no se venden, precisamente, almohaditas. Ojalá los organismos de derechos humanos tomen cartas en tan grave situación. Nosotros vamos a estar ahí.

* Referente de la Central de Trabajadores de la Economía Popular.


Miradas al Sur, Producción Riachuelo

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