JUJUY: GOBIERNO PROVINCIAL VIOLA LA LEY

NEGOCIADOS 
REPUDIO DE LOS TRABAJADORES DEL PARQUE NACIONAL CALILEGUA A LA ILEGAL EXPLOTACIÓN PETROLERA DENTRO DEL ÁREA PROTEGIDA

[Resumen Latinoamericano/ 29 de Sept. 2015]  ACTA de los Trabajadores del Parque Nacional Calilegua, en relación a la ilegal explotación petrolera dentro del Área Protegida, y el avance del Gobierno de Jujuy y las autoridades de la Administración de Parques Nacionales, para desafectar el Parque, sacrificándolo para el negocio de unos pocos, a costa del avance de la contaminación de arroyos, aguas subterráneas y la afectación directa de miles de personas.
Parque Nacional Calilegua, 15 de Septiembre de 2015
ACTA DE TRABAJADORES


Los trabajadores del Parque Nacional Calilegua nos convocamos para repudiar las maniobras pergeñadas entre las autoridades de la Administración de Parques Nacionales (APN) y el Gobierno de Jujuy, por medio de las cuales pretenden desafectar el área de mayor valor de conservación del Parque Nacional Calilegua (PNC) y permitir así, la continuidad de la ilegal extracción petrolera en el Yacimiento Caimancito, sin ningún tipo de control ni restricción.
Como trabajadores de la conservación, hace años que venimos denunciando la ilegalidad que significa la existencia de un yacimiento petrolero dentro de un Parque Nacional. Esta situación viola, entre otras, la ley 22.351 de Parque Nacionales, que establece la prohibición de la actividad hidrocarburífera en razón de las graves alteraciones que provoca sobre los ecosistemas; la ley 17.319 de Hidrocarburos, que en su Art. 79 dice: “Son absolutamente nulos los permisos y concesiones que se superpongan a zonas vedadas a la actividad petrolera”; la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Los Bosques Nativos; como así también el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos Indígenas del Convenio 169 de la Olí sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
Esta maniobra ya fue denunciada por los trabajadores en el año 2014 (Acta Jueves 30-10-2014). Las autoridades de la APN proponen entregar el manejo del área de explotación hidrocarburífera a la provincia de Jujuy, hasta que finalice el contrato con la empresa china JHP, en el año 2037. Esto quiere decir que le cederá el control del territorio al gobierno provincial y las utilidades económicas derivadas de la explotación de los recursos naturales dentro de un parque nacional, a una empresa privada, que luego del saqueo devolverá al estado nacional un área empobrecida, degradada y aún más contaminada.
Desde lo Ambiental, la desafectación camuflada con la palabra Rediseño, significa plantear un antecedente nefasto contra las Áreas Protegidas. Existen numerosas áreas protegidas con una fuerte presión para iniciar emprendimientos extractivistas o, como es el caso de Auca Mahuida en Neuquén, donde la actividad petrolera en marcha pretende desafectar el área, o el PN Los Cardones en Salta, donde en 2006, avanzaron con mapas de desafectación para permitir la reactivación de minas de Uranio.
Desde lo Social, la desafectación significa dejar librada esta actividad solo a los grandes intereses económicos. Si estando dentro de un parque nacional los pasivos y los daños ambientales sobre las aguas subterráneas y de superficie no son atendidos debidamente como problema actual que requiere de urgente solución, ¿qué quedará para las comunidades cuando ya no exista la posibilidad la fiscalizar desde este Organismo?
Hace 46 años que se mantiene la actividad petrolera en el Yacimiento Caimancito; sin embargo, con épocas gloriosas de YPF, grandes volúmenes de producción y diversas empresas privadas enriquecidas, las comunidades directamente afectadas por el este yacimiento: Yuto, Bananal, Caimancito y Calilegua, nunca se han visto favorecidas a través de la actividad petrolera: – Ninguna de estas poblaciones cuenta con gas natural debiendo asumir los inconvenientes y los costos que genera el proveerse de este recurso por medio de las garrafas.
– El Yacimiento no ha generado trabajo genuino para los habitantes que residen en su área de influencia. Pero lo que si reciben es:
– contaminación de agua y suelo,
– discriminación laboral,
– desigual distribución de la riqueza,
– consecuencias de la degradación ambiental
– y el avasallamiento de los derechos humanos contemplados en el marco del derecho general.
Caimancito aporta el 0,05% a la producción del País; es decir no existe como fuente de energía. Desde lo Económico, el gobierno recibe anualmente unos 7 Millones de Pesos en regalías; pero para sellar un solo pozo y que deje de contaminar, se requieren cerca de 20 millones de pesos.
Sin beneficio alguno para las comunidades cercanas, afectando un Parque Nacional, sin un planteamiento sincero respecto de los pasivos y de los costos económicos, ambientales y sociales que acarrea la explotación, Caimancito solo es negocio para las empresas privadas y la clase política corrupta.
Asimismo repudiamos a la Fundación Proyungas, pantalla verde del gobierno provincial y de las grandes empresas contaminantes, que promueve se continúe con la explotación petrolera dentro del PNC, ocultando el daño ambiental y social generado por el Yacimiento para argumentar que esta actividad puede ser compatible con la conservación dentro de un Parque Nacional.
Es por ello que para generar un modelo de desarrollo sostenible viable resulta imperante garantizar derechos en plena vigencia, también contar con la participación efectiva en la gestión, aprovechamiento y toma de decisiones sobre los recursos naturales, fomentando una equitativa distribución de los beneficios que estos bienes
comunes generen. Solo coincidimos con un modelo regional de áreas protegidas que privilegie a las comunidades locales en la distribución de los beneficios ambientales económicos generados en dichas áreas.En base a lo expuesto, los trabajadores del PNC, pedimos la nulidad de la concesión, por ser ilegal y la búsqueda de una solución definitiva al problema de un cierre y abandono ordenado y progresivo del yacimiento; y firmemente exigimos a las autoridades de la APN, que en cumplimiento de sus deberes de funcionario público:
– Realice la correspondiente presentación judicial reclamando el cese de la explotación hidrocarburífera en el yacimiento Caimancito por ser ésta una actividad ilegal en el Parque Nacional Calilegua.
– Promueva acciones legales por la contaminación del agua potable que consume el pueblo de Yuto, Caimancito y pobladores rurales a través de la inyección de agua de purga, en base a los datos aportados por los estudios realizados por la empresa petrolera.
– Promueva acciones legales, requiriendo la solución y remediación de la contaminación generada sobre los cursos de agua en el área protegida.
– Promueva acciones legales para lograr el inmediato sellado del pozo petrolero Caimancito e3 y la remediación de los daños ambientales generados.
– Promueva acciones legales para lograr el debido abandono y sellado de todos los pozos petroleros del yacimiento.
Se
expida por el cese definitivo de las actividades petroleras en jurisdicción y dominio del Parque Nacional Calilegua, requiriendo al Estado que decrete el cierre del yacimiento Caimancito y que desarrolle un plan ordenado de
abandono logrando la correcta resolución de los pasivos ambientales, priorizando el sellado de los pozos petroleros.
No a PETRO AP (ex JHP) en el Parque Nacional Calilegua
Ningún tipo de explotación hidrocarburífera en el Parque Calilegua ni en ninguna Área Protegida
¡¡No a la desafectación de las áreas protegidas en función de intereses empresariales y sectoriales!!
¡¡Renacionalización de los recursos energéticos!!
Expropiación sin pago indemnizatorio de las empresas que saquean los recursos hidrocarburíferos
Sólo los trabajadores y los pobladores estamos preocupados en la conservación de la naturaleza y el ambiente; los empresarios y piensan en el lucro y sus ganancias.

ASAMBLEA DE TRABAJADORES DEL PARQUE NACIONAL CALILEGU
ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO Central de Trabajadores Argentinos
ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES
Personería Jurídica y Gremial Nº 2

PRODUCCIÓN RIACHUELO

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