CABA: DESALOJO VIOLENTO DE LAS CALLES DE LA CIUDAD

POLÍTICAS DE GOBIERNO EN LA CIUDAD

REPRESIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO

[TELAM, 11/03/2016]ORGANIZACIONES SOCIALES Y EFECTORES JUDICIALES AFIRMAN QUE LOS DESALOJOS VIOLENTOS DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE SE INCREMENTARON EN LOS ÚLTIMOS MESES, POR PARTE DEL MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD, AUNQUE DESDE LA CARTERA PORTEÑA NIEGAN QUE LOS PROCEDIMIENTOS SEAN AGRESIVOS Y ASEGURAN QUE NO RECIBIERON “NINGUNA DENUNCIA FORMAL” SOBRE HECHOS DE ESTAS CARACTERÍSTICAS.

“El hostigamiento y persecución a personas en situación de calle por diferentes organismos creados dentro del Ministerio de Espacio Público tiene antecedentes de más de diez años”, afirmó a Télam Horacio Ávila, referente de Proyecto 7, una organización que hace más de una década que trabaja con la problemática.

“Hoy esta tarea la realiza la Subsecretaria de Higiene Urbana a cargo de Pablo Di Liscia y básicamente lo que hacen es tratar a las personas en calle y a sus pertenencias como ‘basura a limpiar'”, continuó.
Sin embargo, consultados por Télam, desde el Ministerio negaron que los procedimientos sean violentos y afirmaron que “en ningún caso se favorece la confrontación”.
“Como parte de sus tareas, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público realiza trabajos de limpieza en veredas que no tienen frentista responsable, o que registran una circulación mayor a la frecuente” dijeron desde la Ciudad.
“Mientras se realizan esas tareas se encuentra a personas en situación de calle o grupos familiares instalados en forma precaria en el espacio público. En esas circunstancias, se da intervención a personal de Acción Social y, cuando corresponde, a personal del Programa BAP (Buenos Aires Presente)”, respondieron a Télam desde Espacio Público.
Asimismo, afirmaron que no han registrado “ninguna denuncia formal sobre hechos de violencia”.
En julio de 2005, mediante el decreto 1136/05, el gobierno porteño a cargo de Aníbal Ibarra creó la RECEP (Recuperación del Espacio Público); un año después, Jorge Telerman reformuló este organismo mediante el decreto 351/06 en la UORCEP (Unidad Operativa de Recuperación y Control en el Espacio Público).
En 2008, la gestión de Mauricio Macri creó la Unidad de Espacio Público (UCEP) con objetivos similares a los organismos anteriores; el programa cerró un año después, como consecuencia de las denuncias de violencia verbal y física hacia sus agentes, lo que derivó incluso en una causa judicial que implicó hasta al propio Macri y al entonces titular del área, Juan Pablo Piccardo, quienes luego fueron sobreseídos.
“En 2010 y 2011 comenzamos a recibir denuncias de operativos de Espacio Público con menos violencia física que la UCEP pero con características similares”, describió por su parte Sol Blasco, responsable de la oficina de Violencia Institucional de la Defensoría del Pueblo porteña.
En una de estas denuncias, radicada en mayo de 2015, la señora G. informó que estaba junto a sus hijos de 15 y 2 años, su carro de cartonera y sus pertenencias a metros del Obelisco cuando fue abordada por funcionarios de Espacio Público junto a personal de la Metropolitana, que le dijeron que “no podía estar allí”.
“Inmediatamente procedieron al secuestro del carro con el que trasladaba el cartón recolectado, donde además se encontraba su mochila con documentación de ella y de sus hijos, cuando ella pidió la devolución de la mochila le dijeron que ‘ya estaba arriba del camión'”, describe la denuncia.
El hijo mayor de la señora intentó defender a su madre y lo amenazaron con llevarlo detenido. La orden de trabajo remitida luego a la Defensoría indicó que “se realizó limpieza de esa calle sin inconveniente alguno”.
El 18 de febrero de 2016, la Unidad de Intervención Temprana de la Unidad Sudeste del Ministerio Público Fiscal de la ciudad registró la denuncia de N., una mujer que duerme en Constitución junto a su marido y sus hijos, a quien un efectivo de la Policía Metropolitana le subió sus pertenencias a un camión de basura y rompió la silla de ruedas de uno de los niños, que padece epilepsia sintomática, parálisis facial del lado izquierdo y retraso mental.
Las denuncias citadas por la Defensoría General en diferentes resoluciones, así como las radicadas en organismos judiciales (Ministerio Público Fiscal de Nación, porteño y Defensoría General de la Ciudad) a las que Télam tuvo acceso, sumadas a los testimonios de las personas en calle y de organizaciones que trabajan con la temática, refieren a una misma forma de proceder.
Los operativos son liderados por Higene Urbana, en algunos casos en compañía de alguna fuerza -la mayoría de las veces de la Metropolitana pero en algunas ocasiones también la Federal-; un móvil que a veces tiene un ploter del Ministerio pero en otros es simplemente un utilitario blanco o gris, se acerca a donde están las personas en calle para decirles que se vayan porque “tienen que limpiar”.
En muchas de las denuncias se afirman otros dos elementos: el camión de CLIBA en el que se cargan las pertenencias y la manguera con la que a veces, sin mediar palabra, comienzan directamente a mojar los bienes; si las personas se niegan a irse, les secuestran sus cosas, lo que deriva en forcejeos, amenazas e inclusive detenciones.
“Durante un tiempo logramos que para realizar este tipo de procedimientos de ‘desalojo’ tenga que mediar una orden judicial, pero desde hace ya algunos años esto dejó de suceder”, describió Ávila, y relató que “la semana pasada, por ejemplo, hemos tenido el caso de una familia que paraba por Retiro, a la que intentaron sacarle los hijos sin siquiera la presencia del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes, lo cual es gravísimo”, afirmó.

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