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30.000 RAZONES PARA SEGUIR LUCHANDO

[Por Jorge “Chiqui” Falcone, integrante de la Coordinadora RESISTIR Y LUCHAR / 23 de Marzo 2017 ]

Nunca está de más insistir en que la memoria, como el financiero, es un capital en disputa. Así, cada hegemonía social impondrá a una determinada comunidad su propio imaginario, toda vez que la política siempre busca legitimar históricamente sus propósitos. Desde la última irrupción del “subsuelo de la Patria sublevado”, en diciembre de 2001, se han venido alternando en nuestra sociedad gobiernos de corte más populista o más reaccionario subsumidos en la alternancia de una matriz productiva neodesarrollista (como el llamado “progresismo extractivista”) o
neoliberal (moderada o en su versión “de guerra” actual) Aunque los fundamentalistas de una democracia con la que no se cura, no se come, y no se educa simulen ignorarlo, este círculo vicioso que desde el fin de la dictadura viene obturando la posibilidad de ensayar una alternativa no capitalista de masas es en buena medida tributario de la profunda crisis de representación de la partidocracia demoliberal, medianamente disimulada durante el período kirchnerista y ahora nuevamente manifiesta a través de una ceocracia que, pese a la rapacidad de sus mentores, no consigue ajustar ni con gradualismo a un pueblo cuyo acumulado experiencial – pese a la fragmentación vigente – se muestra resuelto a no abandonar el espacio público, batallando sin cuartel contra el intento de arrebato de sus más elementales derechos.

No es de extrañar pues que el “relato” legitimador de la gestión anterior propusiera una reivindicación (descafeinada pero sin beneficio de inventario) de la militancia setentista, y el de esta – desde sus más altas esferas, pasando por Lopérfido hasta Gómez Centurión – sea lisa y llanamente negacionista de un genocidio internacionalmente asumido como tal. En estas líneas ni siquiera se pretende poner en tela de juicio los argumentos de Luis Labraña – ese ex montonero que visita guarniciones castrenses en plan de concordia y admite ser presentado como “ex terrorista” – acerca del origen y propósito inicial de la cifra 30.000, dado que hoy es sabido que, merced a la enorme cantidad de desapariciones que a la fecha permanecen sin denuncia, dicho número bien podría ser mucho mayor.

No debería sorprender pues que, en un contexto en que se pretende diluir – cuando no satanizar – todo atisbo de lucha de clases, el rewind discursivo oficial compare la gestión educativa actual con la “Conquista del Desierto”, o resuelva que en el papel moneda los próceres vayan cediendo paso a una fauna en riesgo de extinción. Y mucho menos que la gran avenida del relato negacionista se complemente desde sus colaterales con una usina empeñosamente embarcada en denostar la experiencia insurgente de los 70s intentando “probar” que fue producto del extravío de una generación de aventureros en busca de adrenalina cuyos sobrevivientes muestran ahora su verdadero rostro enredándose en las corruptelas de la democracia formal. Sin ir más lejos, a tal fin tributan de un tiempo a esta parte brulotes que, aunque sin fundamento serio, terminan por hacer mella en la opinión pública. Fieles ejemplos de esa campaña – más o menos orgánica – en curso son las efusivas incursiones antisubversivas en el programa televisivo Intratables del ex Guardia de Hierro Julio Bárbaro, quien – como es vox populi en el seno de la militancia -, oportunamente exiliado en España, negoció personalmente con el Servicio de Inteligencia Naval (SIN) su regreso legal al país en plena dictadura militar, cuando se venía la recomposición de la izquierda peronista y los servicios precisaban insospechables infiltrados, pero poco después, por oscuras razones de “rivalidad profesional” entre las distintas fuerzas el ejército lo secuestró durante algunos días hasta hacerle prometer que – a partir de allí – “trabajaría” para ellos; las notas que acostumbra a firmar en InfoBae la colaboradora de la ministra Bullrich Claudia Peiró, fogoneando la hipótesis de que durante la llamada Contraofensiva de los años 1979 y 80 habría “un modus operandi de los jefes guerrilleros funcional a la represión”; las “demostraciones” de Pablo Anzaldi en su libro “Los años 70 a fondo” sobre que tal conducción “nunca fue peronista”; los debates supuestamente jugados de Radio@rroba entre seudo especialistas empeñados en demostrar que represores y reprimidos fuimos Chirolitas de algún Chasman internacional, apelando a argumentos de una invalidez largamente probada… pero con capacidad de seguir persuadiendo incautos; cuando no alguna revista pretendidamente de izquierda (que no mencionaremos para no ser tan buchones como las notas que nos dedican) acaso movida por las mezquindades que aún alimenta el fracaso de la experiencia guerrillera en nuestro país.

Quien conozca o haya leído antes al autor de esta nota estará al tanto de que el mismo no reivindica “a libro cerrado” la experiencia de lucha de los 70s sino que le reconoce errores de diversa magnitud. Lo que nunca ha puesto ni pondrá en duda es la ética de sus propósitos. Así como que, por otra parte, en una sociedad con heridas abiertas como la nuestra, más de treinta años de vigencia del orden constitucional no han sido tiempo suficiente como para encarar un debate a fondo, que vaya al meollo de los proyectos en pugna a lo largo de la historia contemporánea. Por el contrario, se ha preferido hacer hincapié en quién mató más o peor durante aquel mundo a todas luces binario del Siglo XX, pasando por alto qué clase de intereses confrontaron.

A partir de lo expresado hasta aquí cabría concluir que, como el pasado siempre le habla al presente, el peor saldo del genocidio inaugurado el 24 de marzo de 1976 es una suerte de loza depositada sobre la conciencia de la sociedad argentina, que funciona como advertencia contra todo tipo de osadía transformadora. La memoria de las atrocidades cometidas, entonces, más que a aquell@s que alguna vez se atrevieron a desafiar al poder, apunta a desarmar las nuevas rebeldías. Su cometido persigue evitar, por ejemplo, que los pueblos originarios de Jujuy se estén movilizando ante el avance de la minería a cielo abierto, ante la tierra saqueada y vendida a empresas extranjeras; que las asambleas ambientales cordobesas frenen la desforestación de sus bosques; que una pueblada tome la planta de SanCor en la localidad de Charlone; que l@s trabajadores/as del Bauen defiendan con uña y diente la eficiencia de su cooperativa; o – en última instancia – que el del 6 de abril próximo, en vez de convertirse en un “paro dominguero”, se vea desbordado por el masivo repudio en las calles al modelo económico vigente.

Resumiendo, este esfuerzo por sepultar nuestra audacia para concebir nuevos horizontes políticos, sostenido desde hace 41 años por los dueños del país, contribuye a impedir que acometamos los debates pendientes con la templanza de espíritu y el rigor científico que demanda arribar a una conclusión mayoritariamente aceptada, para reemprender de conjunto el camino hacia nuestra Segunda Independencia. Muchos consideramos que ello sólo será posible cuando la hegemonía social que nos atraviese esté enteramente determinada por esa masa plebeya que hoy juega su destino en las calles, legitimando con sudor y sangre nueva las luchas precedentes.

 

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