[FM RIACHUELO 18/08/2017] El 22 de Agosto era la fecha que había indicado la justicia para dar inicio a la primera audiencia por el juicio a dos efectivos de la Policía Metropolitana por el asesinato de Nehuén Rodríguez. La familia, sin embargo, fue notificada esta tarde sin mayores explicaciones (y a sólo cinco días) que la audiencia sería suspendida.

El juez a cargo de la causa, había decidido iniciar con las audiencias orales y públicas, a pesar de no contar con las pericias de los teléfonos celulares y handies de los efectivos acusados, ya que se disponía de otras pruebas que daban cuenta de la implicancia de los mismos en el asesinato de Nehuén. Pero faltando solo cinco días para el inicio de la audiencia, el juez en un repentino cambio de opinión, decidió suspenderla hasta que se disponga de esa evidencia.

Roxana Cainzos,  la mamá del joven atropellado por un patrullero de la policía Metropolitana, explicó que va a “denunciar este manejo que hacen con la causa de mi hijo,” y agregó: “cada vez nos ponen más trabas, tratan de cansarnos y de que no nos organicemos”. Lo cierto, es que las pericias que el juez está esperando para dar inicio de las audiencias, están en manos de los acusados, y son ellos quienes están intimados a entregarlas hace casi un año. Roxana afirmó que: “No hay ninguna seguridad de que existan esas pericias, ya pasaron tres años y pudieron haberlas borrado”.

Este revés en el juicio por el asesinato de Nehuén Rodríguez, llega en un momento en el que las fuerzas de seguridad actúan con total impunidad gracias a  la protección por parte del Gobierno Nacional, más específicamente del Ministerio de Seguridad, cuya titular, Patricia Bullrich declaró hace unos días que no hay que “estigmatizar a la Gendarmería” sospechada de haber detenido a Santiago Maldonado, que está desaparecido hace 17 días.

Nicolás Arriola, Cristian Toledo, Kiki Lezcano, son sólo algunos nombres que se suman a la larga lista de víctimas de la violencia institucional, cada día más brutal contra los jóvenes pobres.

Siguiendo la misma línea del Gobierno Nacional, el poder judicial demuestra en cada juicio que está decidido a beneficiar y proteger a aquellos efectivos acusados de asesinar a los pibes y pibas de los barrios más humildes.