El debate de fondo tiene que ver con el reconocimiento del Estado provincial a la tenencia colectiva de la tierra, por eso el Movimiento Nacional Campesino Indígena celebró esta “pequeña victoria” en un marco en que la vida rural se ve permanentemente criminalizada.
La zona en conflicto es de uso común. Unas 30 familias campesinas crían sus cabras y ovejas, sin necesidad de delimitar la propiedad con alambres. Los acusados de usurpación nacieron allí y en ese mismo lugar viven desde hace décadas. Los denunció Jesús Figueroa, un ex habitante de la zona que actuó auspiciado por un corredor inmobiliario de Córdoba.
En la audiencia del miércoles pasado, tanto el fiscal Hernán Funes, como la defensa de los campesinos, solicitaron la absolución por considerar que no existió delito. “Hay pruebas de que los dos campesinos son legítimos poseedores de las tierras. Sus padres ya vivían ahí. Pero el debate de fondo en este juicio, lo que pone el riesgo a muchas familias, era el desconocimiento por parte del Estado provincial de la tenencia compartida de la tierra”, dijo Victoria Gauna, abogada del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), Victoria Gauna, que representó a los campesinos en la audiencia.
“La absolución da cuenta de que parte de la justicia está reflexionando sobre un tema central de las comunidades campesinas. Por años, la justicia ha dejado mucho que desear, persiguiendo a los legítimos poseedores”, dijo el subsecretario de Fortalecimiento Institucional de la Secretaria de Agricultura Familiar, Ramiro Fresneda. Celebró que “después de tantos años de lucha genuina, de visibilizar una problemática escandalosa en el norte de Córdoba”.
Rejas para los pobres
La foto podría haber sido trágica. Miguel Rojas, un criador de ovejas y cabras de 52 años, yéndose esposado hacia la cárcel de Cruz del Eje. Negada la posibilidad de volver a buscar sus hilachas al terruño de Los Pozos, ese paraje de la costa de Mar Chiquita que todavía tiene vestigios de la inundación estival.
En su alegato, el abogado querellante, Cruz Mieres, pidió que los dos campesinos sean condenados, y que Rojas –quien había enfrentado otro juicio por usurpación por defender su campo– vaya a prisión. El pedido de cárcel remite al caso de la comunidad cordobesa del Chacho. En 2008, la justicia penal condenó a siete campesinos a prisión por el delito de usurpación de un campo que usaban de manera comunitaria y que había sido reclamado como propio por un empresario. Lo llamativo era que la justicia civil había reconocido los derechos de los campesinos. Por eso, tiempo después, la sentencia penal fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que absolvió a los campesinos.
“Trágico hubiera sido que Miguel terminara yéndose a vivir a la ciudad para estar enrejado”, reza el comunicado de la organización campesina que el parte de la CLOC. “Pareciera que es un crimen vivir en el campo, mantener un modo de vida sustentable, producir alimentos sanos. La vida campesina no encaja con este estado de modernidad que solo se refleja en ese espejo del tan mentado progreso que sigue observando nuestras raíces como barbarie”.
“¡Ni un metro más! La tierra es nuestra”
Miguel y Sebastián no hacían más que vivir en su tierra, por derecho ancestral. Se dedicaban a vivirla, mejorar las condiciones, buscar el derecho a una vivienda digna, tener más animales, progresar en el buen sentido. Esos aspectos parecieran no tener ley, aparentan ser perseguidos y castigados.
El campesinado salió a la calle, al asfalto. Unos 80 campesinos e integrantes de organizaciones sociales coparon las calles de Deán Funes y los Tribunales. En la sala de audiencia estaba también un representante de la inmobiliaria “Bienes y Raíces”, firma que intenta apoderarse de ese territorio hace años.
Las comunidades campesinas han hecho un sobre esfuerzo para lograr la resistencia, para sobrevivir, para evitar que se muera una cultura que es modo de vida. Y los triunfos no se alejan de pequeñas victorias en la trinchera.
Otras tierras en conflicto
En diciembre pasado el juez Sergio Ruiz ordenó la subasta de 9 mil hectáreas de las 13 mil que componen el campo La Libertad, al noroeste de Córdoba, cerca de las Salinas Grandes. En esas tierras viven y trabajan unas 50 familias, que estaban en litigio judicial desde hace 20 años. El de La Libertad es uno de los principales conflictos que enfrentan los campesinos de Córdoba.
El otro foco de conflicto es el noreste provincial, más precisamente al norte de la laguna Mar Chiquita, donde se ubica la comunidad de Los Pozos, entre otras. La laguna Mar Chiquita triplicó su tamaño en la década del 70 y desde entonces retrocede, dejando al descubierto una zona de humedales y tierras extensas, codiciadas por intereses inmobiliarios. Las familias de la zona hacen uso tradicional y ancestral de la tierra, de forma trashumante, es decir que los campesinos van rotando el pastoreo de sus animales según la disponibilidad de la tierra, según la intermitencia de las aguas.
Esas tierras están incluidas en la lista de Humedales de Importancia Internacional, conocida como “lista Ramsar” (por la ciudad iraní donde se firmó el convenio internacional), lo que implica un compromiso de los gobiernos para conservar sus características ambientales, y debería estar ajena a la territorialización del campo.
Los Rojas y los Ramírez seguirán habitando estas tierras salinas, inundables, que se germinan en la carne que consumimos todos. Probablemente, vuelvan a ponerse de cara a la justicia por alguna nueva treta. Probablemente, también pisen nuevamente el asfalto por otro y otros imputados en La Libertad, Cañada Larga o Represa de Morales. “Probablemente algún día dejen de resistir y pasen a construir ese nuevo mundo tan ancho y tan largo en donde desparramar nuestras humanidades no sea delito”, concluye el comunicado.
COMUNICADO DEL MNCI E INFOJUS NOTICIAS/PRODUCCIÓN RIACHUELO