UNA GESTA: EL PUEBLO MOVILIZADO
A 13 años recordamos la lucha y repasamos el estado de la causa judicial por la represión
El 19 y 20 de diciembre se produce lo que luego fue llamado el Argentinazo. La población salía masivamente a las calles en distintos puntos del país para protestar contra el gobierno de la Alianza conducido por Fernando de la Rua. El motivo: la continuidad de la implementación de las políticas neoliberales, que se habían instalado con la dictadura cívico.militar.
La gente salía a protestar, porque le habían confiscado sus ahorros, habían reducido las jubilaciones en un 13 % y la desocupación llegaba a la descabellada cifra del 25%,el pueblo estaba sumido en la miseria más absoluta y tenía hambre. Todos deben tener en su recuerdo las personas con carritos que deambulaban por las calles, como fantasmas, recogiendo lo que sobraba en las casas y las colas en las puertas de los restaurantes para alimentarse de los desechos y las ollas populares que se multiplicaban junto con los piquetes.
El gobierno de la Alianza fue el primer gobierno de la historia del país elegido por el sufragio universal que fue expulsado por una espectacular irrupción y acción directa del pueblo.
En los días previos al 19 de diciembre se sucedían saqueos a los supermercados y comercios. El clima de tensión se mezclaba con las altas temperaturas del verano. Los protagonistas eran desocupados y los habitantes de las barriadas pobres de once provinicas, entre ellas el Gran Buenos Aires. Estas fueron las primeras acciones de un levantamiento popular en un contexto de cuatro años continuados de recesión y un desgaste del gobierno y todo el régimen político.
De la Rúa decreta el Estado de Sitio para intentar enfrentar la situación pero un extendido e inesperado “cacerolzo” –que ganó los barrios de la ciudad de Buenos Aires y se dirigió a la Casa Rosada– lo desafió abiertamente. El 20 de diciembre se produce lo que se llamó “la batalla de Plaza de Mayo”: jóvenes trabajadores, estudiantes y desocupados, junto a centenares de militantes hostigaron con piedras a la policía. Había un clima de insurrección generalizada que anunciaba una huelga general y que obligó al presidente De la Rúa a presentar su renuncia.
Más de treinta muertos a manos de las fuerzas policiales fue el precio que pagó el pueblo movilizado para poder echar a un gobierno que pretendía seguir sometiendo a los que menos recursos tenían. El ajuste seguía siempre recayendo sobre el pueblo. Las demandas centrales fueron el pan y el trabajo y la devolución de los ahorros confiscados por el corralito financiero de Domingo Cavallo que expropió a las clases medias para salvar a la banca y cumplir con el Fondo Monetario.
Por primera vez se sintió en las calles la consigna emblemática que expresaba la población: “Que se vayan todos”. Un amplio bloque social incluía a desocupados, pobres urbanos, jóvenes, clases medias arruinadas y la clase obrera que participó de manera poco orgánica. Se produjo la alianza entre piquetes y cacerolas: “Piquete y cacerola la lucha es una sola”, se cantaba. Los sectores movilizados pusieron en pie asambleas populares que tomaron mayor notoriedad y se pusieron a la vista los movimientos piqueteros que eran la expresión de un pueblo levantándose contra la opresión y la injusticia en lucha por la supervivencia.
Comienza el juicio por las muertes de diciembre de 2001
Lunes 24 de febrero de 2014
Pasaron 12 años hasta que el juicio comenzó.
Están acusados 17 ex funcionarios y policías que participaron de la represión de los días 19 y 20; sobreseído, De la Rúa sólo declarará como testigo
Fueron dos días de rebelión popular. Con olor a pólvora encendida disparada por policías que, sólo en los alrededores de la Casa de Gobierno y el Obelisco, dejaron cinco muertos. Con los ojos picantes de gas lacrimógeno lanzado por la infantería que buscó vaciar la Plaza de Mayo de manifestantes. Fueron las 48 horas que marcaron la caída de Fernando de la Rúa como presidente y su salida en helicóptero de la Casa Rosada.
Por esas muertes, ocurridas el 19 y 20 de diciembre de 2001, y las heridas sufridas por 117 personas en esas jornadas, comenzarán hoy a ser juzgados 17 ex funcionarios y policías: los uniformados acusados de disparar y los ex funcionarios porque estaban a cargo del operativo de seguridad.
El ex presidente Fernando de la Rúa fue sobreseído por su responsabilidad en la represión. Pero está previsto que declare como testigo en el largo proceso que, se estima, durará al menos dos años e incluye las declaraciones de unas 500 personas.
Sin De la Rúa, el máximo funcionario político en el banco de los acusados será el ex secretario de Seguridad de la Alianza Enrique Mathov. Su jefe, el entonces ministro del Interior Ramón Mestre, falleció.
Le sigue entre los acusados, en orden de importancia, el entonces jefe de la Policía Federal comisario general retirado Rubén Santos, un hombre de la policía científica que apostó por reformar la fuerza y se ganó un sinnúmero de enemigos. También estarán sentados el ex superintendente de Seguridad Metropolitana comisario general retirado Norberto Gaudiero y el ex director general de Operaciones comisario mayor retirado Raúl Andreozzi. Todos ellos, como máximos jefes del operativo policial en la calle, deberán responder por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas e incumplimiento de sus deberes de funcionario. En caso de ser condenados, difícilmente vayan presos, pues la pena máxima podría llegar a cinco años de prisión.
Se suman a los acusados 13 policías que estaban en la calle y están acusados de disparar contra los manifestantes. Se tratará de determinar si con su accionar mataron a Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón, Ariel Benedetto y Diego Lamagna e intentaron matar a Martín Galli y Paula Simonetti en los alrededores de Plaza de Mayo. Algunos de los ex policías enfrentan acusaciones graves de homicidios dolosos y tentativas de homicidios -como en el caso de Márquez, que murió sobre la 9 de Julio- que pueden llevarlos a condenas máximas de 25 años de prisión.
Los ex policías que serán juzgados son Orlando Oliverio, Carlos José López, Eugenio Figueroa, Roberto Juárez, Jorge Toma, Carlos Loforte, Víctor Belloni, Omar Bellante, Ariel Firpo Castro, Norberto Sabbino, Sebastián Saporitti, Horacio Berardi y Mario Seia.
Durante el juicio se discutirá si los ex funcionarios y ex jefes policiales actuaron con impericia o negligencia al diseñar el operativo de seguridad o si, teniendo el poder de hacerlo, evitaron detener lo que estaba ocurriendo, incurriendo en una «omisión impropia». Mathov buscará probar que estaba ajeno al operativo de seguridad callejero -regresaba de Paraguay ese día- y Santos, que fue víctima de una interna de la fuerza que involucró hasta el usó de francotiradores, según allegados.
También se debatirá si los policías operativos juzgados, que estaban en la calle disparando, cometieron asesinatos o heridas dolosas al tirar contra los manifestantes.
El juicio estará a cargo del Tribunal Oral en los Criminal Federal N° 6, integrado por los jueces José Martínez Sobrino, Javier Anzoategui y Rodrigo Giménez Uriburu. Adrián Martín actuará como juez sustituto en caso de ausencia prolongada de alguno de sus colegas.
Está previsto que De la Rúa declare como testigo, a pedido de la fiscalía. Sin embargo, a raíz de su sobreseimiento, aún está pendiente un recurso extraordinario ante la Corte para que el máximo tribunal termine de definir su situación.
El fiscal federal Mauricio Viera estará a cargo de la acusación, y las víctimas -tanto muertos como heridos- serán representadas por una querella unificada, cuya cabeza es el Centro de Estudios legales y Sociales (CELS). Maximiliano Medina se mostró optimista en que se va a alcanzar justicia para las víctimas: «Se trata del caso más emblemático de la protesta social, y como respuesta, la violencia extrema de la policía en un marco de excepción por el Estado de sitio, el que, dicho sea de paso, está discutido. Es un caso único y, para nosotros, sólido, así que tenemos muchas expectativas en alcanzar justicia para las víctimas», dijo.
El CELS discu
tirá en el juicio si el Estado de sitio declarado por De la Rúa fue legal, pues cuestiona vicios del decreto. Pero entre los querellantes no hay ideas homogéneas. María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), está en las antípodas. Para ella, el juicio «marca la consagración de la impunidad». A su entender, «se juzga a Mathov y a Santos porque faltaron a su deber de cuidado, por negligentes y no por represores». Señaló que en ese caso nadie se indigna, como sí lo harían ante un accidente de tránsito donde un conductor mata a un anciano y sólo recibe una pena que puede llegar al máximo de cinco años de prisión.
tirá en el juicio si el Estado de sitio declarado por De la Rúa fue legal, pues cuestiona vicios del decreto. Pero entre los querellantes no hay ideas homogéneas. María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), está en las antípodas. Para ella, el juicio «marca la consagración de la impunidad». A su entender, «se juzga a Mathov y a Santos porque faltaron a su deber de cuidado, por negligentes y no por represores». Señaló que en ese caso nadie se indigna, como sí lo harían ante un accidente de tránsito donde un conductor mata a un anciano y sólo recibe una pena que puede llegar al máximo de cinco años de prisión.
Las víctimas
Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón, Ariel Benedetto y Diego Lamagna
Los principales acusados
- Enrique Mathov – Ex Secretario de Seguridad
Es el máximo funcionario político que será juzgado a partir de hoy con el inicio del proceso - Rubén Santos – Ex jefe de la Policía Federal
Es el segundo en importancia, ya que el entonces ministro del Interior, Ramón Mestre, falleció - Norberto Gaudiero – Ex Superintendente de Seguridad Metropolitana
Como el resto, debe responder por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas e incumplimiento de sus deberes de funcionario
Producción Riachuelo. Fuente: Indymedia, Cels, La Nación.
