[19/10/2022, Colectivo de Medios Populares*] Durante la segunda jornada del juicio declararon familiares de las víctimas, el único sobreviviente, los ocupantes de un tercer auto que no fue atacado por los policías y al que algunos señalan como el objetivo inicial de la matanza, y un policía. El debate durará dos semanas con audiencias diarias.
Luego de casi 29 años de silencio judicial obligatorio, las viudas de dos de las víctimas de la Masacre de Wilde pudieron reivindicar y pedir “justa Justicia” para sus esposos asesinados, sin tener detrás la sombra asfixiante de la “maldita policía”. Las dos coincidieron en criticar al juez de instrucción Emilio Villamayor por el “abandono” en la búsqueda de justicia en una causa que había sido iniciada en forma correcta por la primera magistrada del caso, Silvia González, quien acusó de cuádruple homicidio a 11 policías involucrados en enero de 1994 en un virtual fusilamiento con 4 asesinados y 1 sobreviviente de milagro.
El desahogo de las dos mujeres pudo darse en la segunda jornada del juicio oral. En la sesión de apertura del debate, los defensores de los policías que llegaron al juicio se habían basado —como si fuera la Biblia—, en escritos que surgieron del manejo uniformado de la causa que hizo el ex juez Villamayor. Con esa base de cuestionable fundamentación jurídica, las defensas insistieron en un pedido de “nulidad” del juicio oral que ya fue rechazado en la audiencia preliminar al comienzo del debate por los jueces del Tribunal Oral 3 de Lomas de Zamora.
En la segunda jornada, Raquel Gazzanego, viuda del vendedor de libros Edgardo Cicutín, y Patricia De Ángelis, esposa del remisero Norberto Corbo, pudieron expresar su dolor y sus expectativas de reparación. En un juicio al que llegaron 8 de los imputados –3 fallecieron bajo el amparo de la impunidad—, las dos mujeres y el único sobreviviente, Claudio Díaz, relataron finalmente ante los jueces el calvario que les tocó vivir.
La Masacre de Wilde ocurrió el 10 de enero de 1994 y además de Cicutín y Corbo, murieron bajo las balas policiales Claudio Mendoza y Enrique Bielsa. Ellos iban como pasajeros en el Peugeot 505 conducido por el remisero Corbo. Por su parte, Cicutín y Díaz iban en un Dodge 1500. Los dos fueron obligados a bajar del vehículo y Díaz vio cómo su compañero de trabajo Cicutín caía al piso, baleado por los policías, que se movilizaban en cuatro autos, vestidos de civil y sin ninguna identificación, aunque eran miembros de la Brigada de Investigaciones de Lanús.
En la apertura del segundo día del juicio, los integrantes del Tribunal dejaron para el final del debate su respuesta a las “nulidades” planteadas por las defensas. Los jueces adelantaron que sólo responderán a uno de los numerosos planteos. Es el referido a la destrucción de parte de los elementos de prueba, citado por los defensores como impedimento para ejercer el derecho de defensa. Uno de los puntos es la desaparición de las armas que accionaron los policías ese día. La Fiscalía y los querellantes recordaron que dichas armas fueron secuestradas, identificadas y objeto de pericia, por parte de la Gendarmería. El informe de ese peritaje está incorporado a la causa desde 1994 y las partes tuvieron pleno conocimiento de lo que allí se expresa y que involucra a los imputados.
La primera en dar testimonio fue Raquel Gazzanego, viuda de Cicutín. La primera información que le dieron, ese 10 de enero de 1994, fue que su marido había tenido “un accidente”. En ese momento, ella estaba haciendo empanadas, en los preparativos del bautismo de su segundo hijo, Gonzalo, que entonces tenía ocho meses. La primera hija es Natalia, que perdió a su padre a los 8 años. Los dos, hoy adultos, escucharon el conmovedor relato de su mamá.
Cuando Raquel llegó al Hospital de Wilde fue atendida por un policía a través de una mirilla. Le dijo que fuera a la Brigada de Investigaciones de Lanús. En ese lugar, ella se encontró con su padre, quien le comunicó la trágica novedad. “Mi papá me abrazó y me dijo: ‘A Edgardo lo mataron’”. Raquel es una mujer muy fuerte, pero su voz se quebró. Afirmó que, de allí en más, tuvo que sufrir el destrato policial y de una parte del Poder Judicial.
Ella, por su entereza y dedicación, fue la única víctima familiar presente en la reconstrucción de los hechos. Un oficial de la Brigada admitió ante ella que el homicidio de su marido había sido “un lamentable error”. Otro policía llegó a decirle que su esposo “estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado”. Puntualizó que el Dodge 1500 en el que iba Edgardo “quedó como si fuera un colador”, como consecuencia de los más de 200 disparos que hicieron los policías de la Brigada de Lanús. Raquel siempre reconoció el buen desempeño que tuvieron la jueza Silvia González y el juez Gabriel Vitale. Sus críticas apuntan a la gestión, intermedia entre aquellos, que tuvo el juez Emilio Villamayor. “Cuando llegó a sus manos, la causa tuvo un abandono”. Sin dudarlo, agregó: “Su accionar fue nefasto”.
Gazzanego señaló que, en esos momentos, nunca recibió asistencia de ningún organismo estatal. Como contrapartida, el entonces secretario de Seguridad bonaerense, el ex juez de San Isidro Alberto Piotti, concurría al despacho de la primera jueza, Silvia González, para expresar su “preocupación” por los policías que en ese tiempo estaban detenidos. Les pedía que no los trasladara a una cárcel común porque temía por la seguridad de los imputados.
Raquel recordó también cómo pudo dar con el paradero del entonces prófugo Marcos Ariel Rodríguez. El policía, uno de los imputados en el juicio oral, pudo ser detenido 20 años después de su fuga porque Raquel lo ubicó en la ciudad cordobesa de La Falda, rastreándolo en los padrones electorales de esa provincia. “Lo buscaba Interpol, pero pudo cambiar de domicilio gracias a la impunidad que manejaban”. Hizo mención al dolor de sus hijos y subrayó que el menor “ni siquiera pudo conocer a su padre”.
Patricia De Ángelis, viuda de Norberto Corbo, el 11 de enero de 1994, al día siguiente del hecho, en la casa de un vecino vio que la tapa del diario Clarín decía: “Enfrentamiento”. La foto que acompañaba la nota era la del Peugeot 505 de su esposo. Pudo repetir una vez más que su marido trabajaba en la remisería “Su destino”, en Santos Lugares. Su destino fue llevar, en su turno de trabajo, a los pasajeros Mendoza y Bielsa.
También recordó que en la Brigada de Lanús, su jefe, el comisario José Miguel Ojeda —que también declaró en el juicio— le informó sobre la muerte de su esposo. “Me miró a los ojos y sin levantarse del sillón donde estaba, me dijo: ‘Lo siento señora´”. Relató el dolor de una familia, entre ellos su suegro que “se movía por todos lados”. Agregó que sus hijos “tardaron mucho en comprender por qué su padre salió un día a trabajar y no volvió nunca más”. Ella estuvo “varios años en shock”. Lo único concreto que supo de la causa es que “en el coche de Norberto nadie tenía que quedar con vida y así fue”.
Luego declaró Claudio Díaz, el único sobreviviente, que relató la persecución de la que fueron objeto, cómo los obligaron a bajar del auto con las manos en alto y cómo fusilaron a Edgardo Cicutín. Ninguno de los dos llevaba armas ni se resistieron en ningún momento.
El comisario José Miguel Ojeda, entonces jefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús, dijo que en esos años “era común que los efectivos salieran vestidos de civil en un operativo”.
En muchas causas de “gatillo fácil” el accionar de las brigadas es el mismo, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Capital Federal, pero eso no lo dijo Ojeda, ni era necesario para confirmarlo.
Lo único que dijo “lamentar” Ojeda es haber entregado a sus familias el cuerpo de las víctimas, sin haber constatado antes que no se había cumplido la orden de la jueza Silvia González de realizar el dermotest de reglamento. Eso hubiera servido para constatar si era verdad que Corbo, Mendoza y Bielsa habían disparado armas, como aseguró la Policía Bonaerense, según lo publicado por el diario Clarín y otros medios de comunicación tradicionales.
El tercer auto
Luego declararon Gustavo Leguizamón y el remisero Guillermo Correa. Ellos iban en un tercer auto que no fue baleado el día de la masacre. Era un Dodge 1500, similar al que ocupaban Cicutín y Díaz. Los policías involucrados dijeron en la causa que ese era el auto que iban a buscar y que se confundieron. Leguizamón, que está detenido por homicidio en otra causa, dijo que no conoció a ninguno de los policías imputados. Aseguró que Mendoza, en aparente referencia a una de las víctimas, le habría ofrecido un mes antes de la masacre “reventar (ese 10 de enero) una casa de cambio clandestina” ubicada supuestamente en la zona de Wilde. Aclaró que Mendoza contrató al remisero Correa para hacer un viaje a Punta Lara, pero la verdad era que quería ir a la mentada casa de cambio. Leguizamón dijo que él llevaba armas en el Dodge para el supuesto robo, pero dejó en claro que “tanto Correa como Corbo solo eran remiseros”, ajenos a cualquier acto delictivo.
También declaró el policía Gustavo Loidhoy, quien intervino en la detención de Leguizamón, otro hombre de apellido Quintana y el remisero Correa. Hay dudas sobre la relación entre el operativo contra el tercer auto y la razón del “lamentable error” que derivó en la Masacre de Wilde. Son dudas vinculadas con las relaciones siempre oscuras entre las brigadas policiales y las bandas delictivas, por lo general de poca monta, que derivan en los llamados “ajustes de cuenta”, organizados por policías corruptos. Todas las dudas deberían ser aclaradas en el presente juicio oral. Es curioso el interés que tuvo el ex juez Piotti por el devenir de esta causa, en épocas de la “maldita policía”, venerada por el exgobernador Eduardo Duhalde, que la consideraba “la mejor policía de la historia de la provincia de Buenos Aires”.