[FM Riachuelo, 26/04/2023] La semana pasada el Gobierno Nacional anunció la apertura de licitación para iniciar las obras en el Canal Magdalena, un canal que permitiría que la producción nacional pueda llegar las costas del sur del Río de La Plata sin tener que pasar por el puerto de Montevideo. Actualmente no existe ninguna ruta marítima nacional en condiciones para poder realizar esos transportes, por lo tanto, el traslado implica no sólo costos elevados sino la intervención de otro país en un proceso de comercio nacional. El plan de apertura del Canal Magdalena implicaría poder construir una ruta navegable nacional del Río de La Plata que permitiría un ingreso independiente y soberano al Océano Atlántico. Es así que no sería descabellado afirmar que la lucha por la apertura del Canal Magdalena tiene un trasfondo más profundo que es la pelea por la soberanía.

El devenir del estado del Canal Magdalena en la actualidad comienza su historia en 1995, durante la presidencia de Carlos Saul Menem, cuando se firmó una licitación para las obras de dragado y balizamiento entre el kilómetro 584 del Río Paraná hasta la altura del kilómetro 205,3 del canal Punta Indio, área que se extendió hasta el kilómetro 239,1 de dicho canal en el año 1997. Desde entonces la licitación ha sido renovada siempre por el mismo consorcio empresarial conformado por Jan de Nul, de Bélgica, y EMEPA S.A., de Argentina.

El 30 de abril del 2021 esa concesión que se venía sosteniendo hacía más de 25 años se vencía, abriendo así a la posibilidad que el campo popular pudiera tomar las riendas del debate sobre cómo reconquistar ese enclave tan importante en la construcción de nuestra soberanía, no sólo marítima y pluvial, sino también económica. Ahora bien, el 26 de noviembre del año 2020 el Gobierno Nacional sancionó el decreto N° 949 que delegaba en el Ministerio de Transporte la facultad de iniciar un nuevo llamado de licitación para concesionar las obras nuevamente con capitales privados. Esto generó un gran revuelo en todas las organizaciones populares que exigían que esa geografía de carácter estratégico pueda volver a estar en manos de la Patria, logrando de esa manera tener un control total de lo que entra y sale de nuestro territorio y mejorando las posibilidades de desarrollo de la industria naval. Recién hacia el final del gobierno comienza a haber gestualidades políticas que sugieren que el Canal Magdalena podría quedar en manos del Estado.

Sobre este hecho se expresaba Julio César Urient, Presidente de FIPCA (Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua), quien aseguraba que sólo con unidad es posible enfrentarse a los poderes económicos que pujan por el control de nuestros recursos: “Lo fundamental es crear lo que llamamos poder popular que es la articulación de los sectores del campo popular movilizados, para defender nuestras posiciones (…).” También advertía sobre la injerencia extranjera en la toma de decisiones sobre la Argentina: “Resulta que en muchas medidas que son a favor del país tenemos estos grupos económicos que se oponen. Entonces ¿cómo contrarrestamos esto? A través de la movilización popular que apoye y defienda las posiciones de aquellos dirigentes o funcionarios que son coherentes con estas políticas, dónde el estado administre, en este caso las vías navegables. Lo que nos queda es organización del campo popular movilizado impulsando estas políticas, creo que es la única manera de empezar recuperar espacios de soberanía y contrarrestar la presión de los grupos económicos y financieros que condicionan al gobierno.”

A la hora de pensar lo estratégico que resulta abrir el Canal Magdalena en manos de la Nación, es importan pensar por qué hasta el momento nunca fue una política de estado. Gastón Harispe, Jefe del bloque del Parlasur del Frente de Todos del Partido Justicialista, reflexionaba: “Tenemos que pensar en una idea de que existe en el mundo de una división internacional del trabajo, concepto que se usa desde los 90. Hoy volviendo a viejos conceptos, existe la dependencia y hay conflictos con respecto al rol de cada uno de los países. En esto la Argentina pasó de ser un país industrial con un desarrollo medio en relación a la América Latina, donde fue el sexto país del mundo con el PBI per cápita más grande y con desarrollo social; a ser un país agrícola ganadero. Es decir que, se ‘primarizó’ la economía y el papel en el mundo pasó a ser proveedor de materias primas, sobre todo con productos derivados del campo y entonces volvimos al concepto de fines del siglo 19’: ‘Argentina granero del mundo’.”

Sería acertado esbozar que Argentina se ha sido construido en base a la necesidad de los que se benefician de su explotación, con una planificación que facilita la colonización. La pregunta que se formula entonces es qué es lo que se puede hacer para poder asumir la responsabilidad de formular un proyecto de país donde sean los intereses del Pueblo los que lleven la brújula de ese andar. Sobre esto, Gastón opinaba: “Ahora requieren explotación de productos primarios, y deberíamos tener una política de industrialización propia, y no repetir el modelo colonial. Donde podamos tener el control de nuestros propios barcos, los precios, la rentabilidad, para que nuestras industrias puedan produciendo, etc. Como siempre, quedan dos caminos: la política del saqueo o la política de la reconstrucción soberana de la nación, sobre la base del control sobre la logística, lo satelital, la industrialización. Qué es lo que tiene que hacer Argentina, conceptualmente, industrializarse y crear valor agregado.”

Algo que es claro es que el único puede garantizar su soberanía es el Pueblo organizado y en lucha. La forma de liberarse de la intervención extranjera y de garantizar que los intereses de la Patria se defiendan es asumir la tarea de ser constructores de nuestro propio destino. Salir a las calles, ocupar nuestras esquinas, nuestras plazas y nuestros barrios.