[FM RIACHUELO 3/12/2017] Las medidas que la gestión del Pro ha tomado durante los últimos ocho años en materia habitacional, siempre han estado subordinadas a las ambiciones e intereses del mercado inmobiliario. Las políticas ejecutadas han sido constantemente abordadas desde una perspectiva empresarial y mercantilista, dejando de lado los derechos de miles de vecinos que reclaman cotidianamente poder alcanzar el sueño de una vivienda digna y propia. Mientras la crisis habitacional se profundiza, condenando a miles a abandonar sus barrios de origen a fuerza de desalojos violentos, se siguen destinando terrenos públicos a la especulación de unos pocos que lucran con lo que es de todos.

El 28 de septiembre pasado, la Legislatura porteña que cuenta con mayoría Pro, aprobó una Ley para la “urbanización” de varios terrenos que pertenecen al Estado Nacional, que pasarán a manos de la Ciudad. Gracias a los convenios firmados entre el gobierno de CABA y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) se podrán destinar los terrenos públicos a manos privadas para la construcción de torres de hasta 75 metros de altura. Los lotes en cuestión son cinco y se encuentran distribuidos entre los barrios de Mataderos (Comuna 9), Retiro (Comuna 1), Palermo (Comuna 14), Villa Urquiza y Saavedra (Comuna 12).

En el primer terreno funciona la sede de Vialidad Nacional junto a su Escuela Técnica Vial,(peligrando los puestos de trabajo de 600 personas).  El predio está ubicado entre Av. Gral Paz y las calles Emilio Castro, Ercilla y Saladillo, y la estrategia es construir torres de 35 pisos con un mega estacionamiento subterráneo.

Otro predio está ubicado en el barrio de Saavedra,  delimitado por las calles Holmberg, Pico y las vías del ferrocarril Mitre. Se trata de 1200 metros cuadrados de terreno donde se permitirá edificar hasta 25 mil metros cuadrados.

En Palermo, los terrenos delimitados por la Avenida Ortiz de Ocampo y las vías de los ferrocarriles San Martín y Belgrano Norte cubren una superficie de 4000 metros cuadrados y se edificarán hasta 35 mil metros cuadrados. La construcción se desarrolla sin previo aviso, llevándose puesto espacios comunitarios. Tal es el caso de Radio Asamblea, cuyo local de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes y viviendas y comercios aledaños no aparecen en los mapas del diseño de la obra que presenta el gobierno de la ciudad.

En Villa Urquiza el inmueble afectado es el que se encuentra entre las calles Roosevelt, Triunvirato, Bucarelli y las vías del ferrocarril Mitre. Son alrededor de 8.000 metros cuadrados de planta y, hacia arriba, podrá edificarse hasta 30.000 metros cuadrados.

La última superficie se encuentra entre las avenidas Del Libertador y Ramos Mejía, la calle Padre Mujica y el deslinde con la terminal de trenes, en Retiro -Comuna 1.

Los argumentos para sostener estas ventas  son que las rezonificaciones darán mayor valor a los terrenos, dentro de un Plan Urbano Ambiental que integrará terrenos “en desuso a la vida de los barrios y aumentará los espacios públicos”. Lo cierto es que como vimos, no se trata de terrenos en desuso, y tampoco los planes incluyen utilizar parte de los terrenos para espacios públicos. De hecho, varios grupos de vecinos ya se organizaron para resistir estos proyectos que lejos de brindar soluciones intensifican una crisis con repercusiones en cada uno de los barrios porteños. Puerto Madero es el ejemplo que mejor ilustra las consecuencias  de dejar en manos de las inmobiliarias el desarrollo habitacional: un barrio vacío, en cuyas torres de lujo no vive casi nadie (se estima que la ocupación es menor al 50%). Mientras tanto,  en los barrios más vulnerables se padece el hacinamiento y la precariedad, incluso la incertidumbre del desalojo  inminente y la judicialización de quienes no tienen otra alternativa que la de ocupar terrenos abandonados.

Quienes se organizaron contra ésta embestida, (juntando firmas, realizando asambleas, radios abiertas, entre otras actividades) fueron los vecinos del barrio Naón de Mataderos y los integrantes de Vecinos Autoconvocados de Villa Urquiza. Por supuesto, también fue fundamental la resistencia de los trabajadores de Vialidad Nacional, que emprendieron todo tipo de medidas y actividades para evitar que el terreno de Mataderos donde se encuentra la sede de dicho organismo sea rematado y rezonificado. En la audiencia pública del 22 de noviembre más de 200 personas se presentaron para rechazar las ventas de los predios. En la misma los trabajadores lograron que el polígono de tierra ubicado en La Matanza quedara fuera del “Plan de Urbanización”, con lo cual no podrá ser vendido, y seguirá funcionando la sede de Vialidad y la Escuela Técnica allí ubicada.

Otro ejemplo de organización y resistencia contra la expulsión de habitantes reside en el barrio de La Boca, donde el sábado pasado vecinos, organizaciones sociales, políticas, culturales y barriales y artistas realizaron una caravana artística para impedir que el club Boca Juniors llevara adelante su plan de enrejamiento de los campitos de Casa Amarilla, uno de los pocos espacios verdes con los que todavía cuentan quienes viven en La Boca. Gracias a la movilización popular la justicia le ordenó al club no cerrar los terrenos con ningún tipo de vallado perimetral, en tanto no se resuelva acerca de la constitucionalidad y legalidad del proceso mediante el cual el gobierno de la ciudad vendió los terrenos al club.

Por otra parte, la Legislatura sigue con su plan de privatización y el lunes aprobó el convenio entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el Gobierno porteño para levantar torres de 75 metros en un predio que cuenta con gran cantidad de arboles y los vecinos reclamaban para incorporarlo como espacio verde de recreación abierto a la comunidad.

Pese al rechazo de los vecinos de la construcción de las Torres Catalinas II, el gobierno, gracias a la Legislatura sigue arrebatando espacios verdes y públicos para la sociedad en un barrio con una profunda crisis habitacional y emergencia ambiental. Las torres de lujo a las cuales no podrán acceder ninguno de los vecinos que hoy habitan el barrio, constituirán un nuevo logro del mercado inmobiliario, que hace ya más de ocho años, con la complicidad del gobierno de la ciudad, no para de anotarse victorias.