[Juan Grabois*] Existe una íntima relación entre las 3T, de la que siempre hablaron las organizaciones populares y que estallaron como concepto compartido a partir de que el papa Francisco empezó a expresar de esa misma manera la problemática de la tierra, el techo y el trabajo. La crisis de vivienda y la precarización del hábitat popular son incomprensibles sin considerar la baja calidad del empleo, el deterioro del ambiente, los flujos migratorios y la dinámica demográfica. El patrón de distribución de la población en el territorio es indisociable del extractivismo y el agronegocio que expulsa a la familia rural, despoblando la Argentina profunda. Esto a su vez impacta en el mercado laboral, que sufre un “exceso de oferta” y crea las condiciones para el desarrollo de la Economía Popular urbana.

En ese contexto, el pueblo pobre en su práctica espontánea se muestra como protagonista en la producción de suelo urbano: la creación de asentamientos y construcciones informales explica en gran medida cómo accede a un techo una creciente proporción de los humildes en la Argentina. Como en tantas otras actividades de la Economía Popular, en el rubro inmobiliario, la resistencia colectiva se presenta muchas veces de manera desorganizada y, cuando no hay organización comunitaria, se consagra la ley del más fuerte. Las ocupaciones de terrenos, empujadas por una necesidad vital que ni el mercado ni el Estado resuelven, dan paso en ocasiones a una abyecta utilización de la pobreza y, en general, se concreta en “barrios” en los que cuesta vivir con dignidad. Con todo, es esa y no otra la fórmula que ha encontrado nuestra sociedad para albergar a más de 500.000 familias que habitan los 2000 asentamientos informales que hay en el país.

Como viene la mano y sin una respuesta contundente cogestionada por Estado y movimientos populares, parece que los sin techo seguirán siendo empujados por ese camino.

La tarea que tenemos por delante para que cada familia humilde de nuestra Patria tenga un techo digno donde vivir tiene múltiples dimensiones. Es prioritario dignificar los asentamientos existentes a través de su integración urbana. Esto implica dotarlos de infraestructura social, brindar los servicios esenciales, mejorar las viviendas autocontruidas y conectarlas adecuadamente a los servicios, para garantizar niveles de confort y salubridad, respetando la cultura local y dándoles protagonismo a los vecinos en el planeamiento urbano. La regularización dominial para consolidar los derechos posesorios requiere voluntad política y creatividad. Además de la tradicional escrituración individual, existen alternativas que deben ser exploradas: formas de propiedad plurinidividual, colectiva o comunitaria, mediante consorcios, cooperativas e incluso fideicomisos, todos instrumentos válidos para formalizar situaciones de hecho y sacar a los compañeros de una ilegalidad que se les impuso.

Producir suelo

Otra tarea urgente es la producción de suelo urbano, para la edificación de nuevas viviendas destinadas a los sectores populares. Desde hace algún tiempo, las organizaciones de la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) levantan la consigna “un millón de lotes para que no haya ninguna familia sin techo”. La adquisición de grandes extensiones en las zonas periurbanas, su rezonificación, dotación de servicios y distribución de parcelas, financiadas a bajo costo, es totalmente viable y no requiere inversiones faraónicas sino voluntad política.

El lote con servicios puede complementarse con la provisión de “viviendas semilla”, pequeña construcción industrializada que permita la ocupación inmediata por una familia, que luego la mejorará progresivamente. Una debilidad de esta propuesta es la falta de arraigo cultural de los métodos de construcción en seco que abaratan costos y reducen tiempos. El efecto demostración puede eliminar prejuicios y poner en evidencia las ventajas económicas, arquitectónicas y térmicas de estos sistemas. En cualquier caso, no hay dudas de que, a cambio de un lote con servicios y un techo propio para vivir la transición, las familias humildes reinvertirán gustosas lo que ahorrarían en alquileres, en el pago de cuotas y ampliación de la vivienda.

En la actualidad, existe una amplia gama de valiosas experiencias donde los movimientos populares intervienen en la lucha por el techo digno. Lamentablemente, se trata de acciones dispersas, sin planificación ni coordinación adecuada a nivel nacional. En algunos casos, estos proyectos son acompañados por el Estado, como los impresionantes barrios desarrollados por la Tupac Amaru en Jujuy, mientras que en otros –sobre todo cuando se produce la recuperación popular de tierras ociosas– son abandonados o perseguidos, como en el caso del Barrio Obrero de Cipolletti, un asentamiento perfectamente organizado donde las calles son amplias, hay espacios comunitarios y las madres lograron expulsar a los transas y erradicar la violencia de género mediante la autodefensa.

En otros casos, se avanza en determinado aspecto pero no se contempla la problemática en su integralidad, desde el acceso a los medios de transporte hasta la adecuación de las construcciones a la actividad laboral de los habitantes del lugar. Un ejemplo evidente es el de Castañares, donde las viviendas son hermosas pero el complejo no se adapta a las necesidades de los cartoneros que viven ahí tras ser relocalizados del Riachuelo.

En el mismo sentido, durante los últimos años, en muchos municipios del país el Estado apostó a las cooperativas como contratistas para la construcción de viviendas sociales, por ejemplo a través de un muy buen programa como el Socio Comunitario. Experiencias como esa requieren un balance sereno porque, pese a ser un importantísimo precedente, muchas veces fueron utilizadas para abaratar los costos y no garantizaron la plenitud de derechos para los trabajadores cooperativistas. En ocasiones, los obreros laburaban por un sueldo inferior al de convenio de la actividad y soportaron demoras en las certificaciones y el circuito de pago, que perjudicaban no sólo el avance de la obra sino su calidad de vida. En otros casos las cooperativas construían viviendas par
a terceros, mientras los compañeros que las edificaban carecían de un techo propio. Así, a la frustración del bajo e inestable ingreso se sumaba el ver que gran parte del mismo se iba en el pago de un alquiler, mientras sus manos construían una casa para otra familia, a veces menos necesitada que la suya pero más beneficiada por el Estado.

En esta sección especial de Miradas al Sur vamos a mostrar sólo algunos proyectos en los que la organización asume de manera colectiva todos los pasos del proceso hacia la vivienda: desde la obtención de la tierra hasta la adjudicación de las casa. La selección de los ejemplos es arbitraria e insuficiente, no pretende mostrarse como modelo pero, espero, sea enriquecedora para el lector.

Estoy convencido de que estudiando cuidadosamente todo lo realizado en estos años por la vivienda social, las familias humildes, organizadas o no, los movimientos populares, la academia, el Estado y las iglesias, podemos encontrar puntos de síntesis de un programa integral para que todas las familias que habitan suelo argentino tengan un techo para soñar con un proyecto de vida digno. Es que la Economía Popular no es un rejunte de experiencias aisladas: inspira una orientación que sobre la praxis concreta de los sectores populares asume la epopeya de construir una sociedad sin esclavos ni excluidos, con tierra, techo y trabajo para todos.

* Referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Colaboraron Elvira Corona, Leandro Viggiani, Iván Wrobel