Ello a raíz de que los cargos de invasión de inmueble y asociación criminal son discutidos por la defensa partiendo de la base de que las tierras son del Estado y que, por lo tanto, Campos Morombí no tenía el derecho de propiedad que lo avale a solicitar un desalojo, ya que el delito de invasión de inmueble implica que el demandante demuestre con un título de propiedad que existen personas ocupando ilegalmente un inmueble.

Al no existir el delito de invasión, la supuesta asociación criminal conformada para apropiarse de las tierras tampoco se constituiría, pues los campesinos conformaron una comisión vecinal reconocida por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) solicitando la adjudicación de las tierras estatales que hasta ahora están usurpadas por la empresa del Grupo Riquelme, fundado por el fallecido político colorado Blas N. Riquelme.

Asimismo, el desalojo liderado por la fiscala Ninfa Aguilar, quien fuera abogada de los Riquelme y que llevó a cabo el procedimiento con una orden de allanamiento, habría sido totalmente irregular, por lo que las autoridades que ejecutaron la trágica incursión deberían pasar a ser las investigadas por las muertes.

De esta forma, si el Congreso acepta la supuesta donación de Campos Moromí se estaría dando el reconocimiento de que las tierras son de propiedad de la empresa y que en uso de ese derecho lo transfiere de manera gratuita al Estado. Pero la firma no está facultada a donar algo que no es de su propiedad.

Sin embargo, la documentación disponible acredita que las tierras fueron donadas por La Industrial Paraguaya (LIPSA) al Estado paraguayo en 1967 y en 2005 el entonces presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, las transfirió al Indert para los fines de la reforma agraria. En cambio, en un juicio de usucapión fraguado, en el que el Estado no tuvo parte, la firma del político colorado obtuvo una sentencia favorable, aunque fue dictada con el número de otra finca.

Años después, al percatarse del error y ante la imposibilidad de inscribir el inmueble en los Registros Público, el mismo juez que dictó la orden de allanamiento, José Dolores Benítez, “rectificó” su sentencia para cambiar el número de finca, una figura inexistente en el Código paraguayo, pues lo que correspondía en el caso es el inicio de un nuevo juicio.

A fines del mes de junio familiares de las víctimas reingresaron a Marina Cue reafirmando la demanda de tierra, justicia y libertad para los campesinos que enfrentan un proceso repleto de irregularidades, empezando por la parcialidad manifiesta del fiscal Jalil Rachid, quien es allegado político de la familia Riquelme.